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Eterna vergüenza de la Administración Chinchilla, el Ing. Pedro Castro

 

La semana pasada señalé en esta misma columna el que a mi juicio era el peor “pecado” de la concesión de la carretera a San Ramón: la falta de transparencia; la actitud prepotente de un Ministro de no permitir que los principales afectados del proyecto –por ser quienes sentirán su impacto de manera cotidiana- tuvieran ocasión de recibir información oportuna y veraz, sobre el contrato y sus consecuencias.  Después de participar en las manifestaciones de protesta del 11 de abril en diversos cantones de la zona de Occidente, admito que quizá fui demasiado ingenuo en mi comentario.

Ahora resulta que, para eterna vergüenza de la Administración Chinchilla, el Ing. Pedro Castro, ministro del ramo, fue hasta hace relativamente poco tiempo asesor de las dos empresas que fueron escogidas para ejecutar el contrato.  Y más todavía, fue nada menos que el experto encargado de atender el cartel que hizo posible que OAS, el consorcio brasileño que finalmente se hizo con el proyecto, pudiese re-calcular los montos que harían de esa obra una de las más caras (y también enigmáticas) en la historia del país.

Frente a semejantes revelaciones, todavía no entiendo cómo doña Laura Chinchilla pudo escoger al Ing. Castro ni cómo éste estuvo dispuesto a aceptar el cargo que aquella le ofreció.  Por dignidad y por vergüenza, ese nombramiento nunca debió hacerse y mucho menos en un momento dominado por la incredulidad ciudadana. Por esa razón, enfrentados a los hechos y conociendo ahora esos antecedentes, me parece que lo más conveniente es que el Ministro renuncie al ejercicio de su cargo y que éste sea ocupado por una persona con más credibilidad e independencia que su actual titular.

Resulta más que probable que ello no ocurra.  La tozudez de la Mandataria desmereciendo el clamor popular e ignorando la cerrada oposición que el proyecto ha encontrado en los partidos políticos (el suyo inclusive), es insólita.  Frente al repudio general, doña Laura se ha atrincherado en Zapote buscando una interlocución con los cantones de Occidente por medio de los agentes menos apropiados para realizarla: los alcaldes oficialistas. Pero no contenta con ello, sigue empeñada en no abandonar el curso de la concesión la cual –sí o sí según el Gobierno- debe concretarse en los términos ya refrendados por la Contraloría General de la República.  Esa terquedad, por muy bien intencionada que sea, pone a la Administración en el filo de una navaja y coloca al país en un curso de colisión que no es ni deseable, ni necesario en estos momentos.

Decían hace pocos días los doctores Constantino Urcuyo y Ronulfo Jiménez que uno de los problemas más grandes que han afectado a este Gobierno ha sido su fácil recurso a la fuerza policial; la ineficaz sustitución del diálogo (consustancial con la política) por el recurso a la fuerza bruta, a la barricada o a la provocación innecesaria.  Esa actitud, decían los analistas, es doblemente inadecuada debido a que conlleva altos costos para la Administración en términos de imagen y legitimidad, al tiempo que no resuelve mayormente los problemas, pues la Presidenta tendía a ceder ante las demandas sociales con una consistencia admirable.

El clamor de los manifestantes del 11 de abril en San Ramón fue “¡carretera sí, concesión no!”. En esa frase queda plasmado el corazón del problema.  La gente quiere carretera y el progreso que ésta trae, pero no a cualquier precio ni si es el resultado de la arbitrariedad, la mentira y la falta absoluta de transparencia.  La gente quiere luz; demanda claridad.  Pregunto: ¿será eso  mucho pedir?

Luis Guillermo Solís

Publicado originalmente en Trinchera Ciudadana, elpais.cr, el 15 de abril 2013.