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Financiamiento electoral: Sin disimulos

Pocos temas resultan tan sensibles en el debate político como el de la proveniencia, uso y regulación de los recursos con que se pagan las campañas electorales. Este es un asunto que ha sido motivo de innumerables estudios y todos ellos, sin excepción, lo subrayan como uno de los factores más determinantes en la calidad de la democracia. Las razones son múltiples y más que evidentes: desde la “compra de influencias” que se oculta tras muchas de las donaciones que recibe un candidato o un partido, hasta el lavado de dineros provenientes del crimen organizado, la simulación de pagos, el soborno a autoridades y votantes o la apropiación indebida de tales recursos entre muchas otras. De todas ellas, por desgracia tenemos amplia evidencia en Costa Rica.

Está claro que existen en toda América Latina normas que las entidades tutelares de los procesos electorales (Tribunales, Institutos, Consejos) utilizan con el propósito de limitar tales excesos. Esta normativa ha sido ardua y difícilmente promulgada a lo largo de las últimas décadas, siempre un paso atrás de las estratagemas que las y los inescrupulosos implementan con el fin de violentarla. Aún así, la situación es hoy bastante mejor de lo que era en el pasado reciente y en algún caso –como en el mexicano en lo que toca a la distribución del espacio con que cuentan los partidos políticos para la divulgación de su propaganda en la televisión- incluso podría llamarse “modélica”. Con todo y todo, se siguen cometiendo abusos inmensos los cuales, debido a la influencia de sus perpetradores y de la habilidad de las cohortes de “vivillos” que les asesoran, quedan casi siempre impunes.

Pienso que la única manera de lograr cambiar este estado de cosas para bien y en el plazo inmediato, es por medio de un “triángulo virtuoso”: una combinación de escrupuloso respeto de la Ley electoral (algo que de por sí debería ser obligatorio); una fuerte auto regulación de parte de las fuerzas políticas que participan en los procesos electorales; y una vigilante actitud de la ciudadanía organizada.

No basta con que existan leyes por muy estrictas que éstas sean en la teoría. Eso es importante pero no suficiente porque siempre habrá maneras de encontrar “portillos”, interpretaciones jurídicas o maneras de justificar una aplicación oportunista de sus disposiciones. También se necesita que las fuerzas políticas estén dispuestas y sus líderes tengan la voluntad de comprometerse públicamente a rendir cuentas, transparentar de forma detallada, pública, regular y permanente los gastos de campaña y asegurar que el origen de los recursos que reciban, nunca será anónimo aunque la Ley lo permita. Es decir, que más allá de esas disposiciones legales asumirán un comportamiento ético que pueda ser constatado por la gente organizada, cuya participación constituye el tercer factor indispensable de esta historia.

Me parece que de camino a las elecciones del 2014 (incluyendo las precampañas que ya despuntan), quienes aspiren a regir los destinos del Costa Rica durante el próximo cuatrienio tienen la obligación de asumir esos compromisos de manera pública. Y se les debe exigir que lo hagan. Ya hay algunos que se han negado a hacerlo por las “peores” razones del mundo, las legales. Peores no por bastardas, sino por oportunistas. En esta materia no debería haber dobles morales ni espacio para las interpretaciones oscuras: si la que se pide es plata “buena” y es buena la forma en que ésta se gasta, entonces que sea buena la rendición de cuentas que se haga ante a la ciudadanía. Sin disimulos.

Publicado originalmente en Trinchera Ciudadana, 1° de octubre de 2012.